El Senado reactivó un proyecto de ley que propone que las Big Tech contribuyan al Fondo de Servicio Universal. La medida busca garantizar una financiación equitativa del acceso a banda ancha,actualmente sostenida sólo por las telcos.

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Un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos podría obligar a las plataformas digitales (o Big Tech) a aportar recursos para garantizar el acceso universal a la banda ancha,como parte de un modelo de contribución justa.

El Comité de Comercio,Ciencia y Transporte recibió la iniciativa que plantea reformar el Fondo de Servicio Universal (FSU),de manera que también las grandes tecnológicas contribuyan al despliegue de las redes de conectividad,ya que,actualmente,se benefician del fondo sin dar nada a cambio.

Los FSU son mecanismos financieros establecidos por los gobiernos para fomentar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales o de bajos ingresos,donde los servicios comerciales de acceso a Internet no llegarían por sí solos.

Todos los operadores de telecomunicaciones deben aportan un porcentaje de sus ingresos anuales al FSU,con el objetivo de que los recursos se usen para financiar proyectos de infraestructura o de apropiación digital.

Sin embargo,dado que actualmente sólo las empresas de telecomunicaciones contribuyen a los FSU en la mayor parte de los países,esta industria advierte que es necesario abarcar una gama más amplia de contribuyentes.

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Incluir a las Big Tech como sujetos obligados para aportar a los FSU no sólo permitiría incrementar los fondos disponibles,sino que también representaría una contribución justa en favor de la sostenibilidad del sector de telecomunicaciones.

El proyecto de ley parte de la premisa de que es necesario garantizar contribuciones equitativas y no discriminatorias a los mecanismos que preservan y promueven el servicio universal,para reducir la carga financiera de los consumidores y para otros fines.

Dicha iniciativa ya había sido presentada en 2023,bajo el nombre de Ley de Reducción de Costes de Banda Ancha para los Consumidores y patrocinada por los senadores Markwayne Mullin (republicano),Mark Kelly (demócrata) y Mike Crapo (republicano).

En su reingreso en el Senado,el proyecto impulsado por los mismos senadores tiene el apoyo bipartidista y un amplio respaldo por parte de asociaciones comerciales nacionales,asociaciones estatales y proveedores de banda ancha rurales estadounidenses.

Por el momento,el texto completo no ha sido publicado en el sitio web de legislaciones en el Senado,pero ya fue leída por el Comité de Comercio,Ciencia y Transporte.

La iniciativa de 2023 planteaba que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC,por sus siglas en inglés) exigiera a los proveedores de contenidos y servicios (Big Tech) y a los proveedores de banda ancha una contribución justa y adecuada al Fondo de Servicio Universal.

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Esto significaría dotar a la FCC de una autoridad clara para ampliar sustancialmente la base de contribuciones al FSU,incluyendo a cualquier modelo de negocio que dependa en gran medida de que los consumidores o empresas accedan a la banda ancha.

La justificación es que,si se benefician de las redes de banda ancha y además de los recursos que brinda el propio FSU,deben aportar al financiamiento como el resto de jugadores del mercado.

Según un informe de Strand Consult,las empresas de Internet,como Google,Meta,Apple,Amazon,Microsoft y Netflix,obtuvieron unos ingresos estimados de entre 58 mil y 115 mil millones de dólares en 2023,gracias a la conexión de los usuarios a Internet a través del Fondo de Servicio Universal y el extinto Programa de Conectividad Asequible.

Por cada nuevo hogar conectado,las Big Tech consiguieron un promedio de mil 515 dólares en 2023,y además percibieron 210 mil millones de dólares de las empresas que se encuentran en las zonas financiadas por el FSU.

Aunque la propuesta del modelo de contribución cuenta con apoyo bipartidista y la presión de la industria de telecomunicaciones,enfrenta una oposición significativa por parte de las empresas tecnológicas.

Sobre todo,las empresas de Internet argumentan que existen riesgos para la neutralidad de la red y la competencia,y que introducir este modelo podría tener efectos adversos en la calidad del servicio y la innovación.